Comuneros de Salazar luchan contra el despojo de sus tierras y el encarcelamiento ilegal

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La comunidad de Salazar, en Lerma, Estado de México, tiene una geografía privilegiada: está rodeada por una amplia zona de bosque, a los costados tiene un parque nacional, una laguna, las vías de un extinto ferrocarril y la carretera México – Toluca.

A pesar de su natural belleza y aparente tranquilidad, la comunidad de Salazar libra desde 1947 un conflicto agrario con su comunidad vecina: San Mateo Atarasquillo; este conflicto ha llegado hasta nuevos ámbitos en los pasados días, gracias a la ocupación irregular de una parcela a manos de Mario Alberto de León Venegas, representante legal del Ejido de San Mateo Atarasquillo, y de la Inmobiliaria del Centro.

El 30 de septiembre de 2016, aproximadamente a las once de la mañana, once personas iniciaron trabajos de cercado en uno de los terrenos limítrofes de Salazar, a un lado de su panteón. Al ser vistos por Miguel Ángel Vilchis García, campesino, bibliotecario y protector del terreno, fueron increpados y disuadidos de continuar con los trabajos de cercado, por el mismo Vilchis García y por un grupo no mayor a 15 campesinos.

A medida que los comuneros llegaron en mayor número, se habla de aproximadamente 150 de ellos, la mayoría de los trabajadores huyeron del lugar… pero 25 minutos después llegó Mario Alberto de León Venegas, su chofer, Juan Carlos Ríos Soto; y su secretaria, Natalia Miguel Marin.

El conflicto escaló y se escucharon disparos; varias horas duró la confusión y el desamparo; posteriormente, y ya en horas de madrugada, alrededor de mil elementos de las fuerzas del orden, entre policías municipales, ministeriales y del ejército arribaron a Salazar y en un operativo de máxima fuerza arrestaron a Miguel Ángel Vilchis García, a Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales, y a otros seis campesinos.

Ellos son los que permanecen encarcelados desde hace seis meses, y de acuerdo al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, su caso es uno que ejemplifica cómo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México criminaliza la lucha social y favorece los intereses de particulares por encima del de los pueblos originarios.

Las versiones de lo que pasó ese día son contradictorias; de acuerdo a la hija de Cutberto, Fabiola Vilchis, cuando la secretaria de Mario Alberto de León, Natalia Miguel, se sintió amenazada por la trifulca, le extendió un arma de fuego a un ex policía que estaba presente: Marcos Hernández Gil, éste, a quemarropa, disparó varias veces en contra de los pobladores.

Sin embargo, un resbalón del tirador mandó las balas hacia el horizonte y nadie salió lastimado. En ese momento, la gente se percata de que el chofer de León Venegas, Juan Carlos Ríos Soto, también está armado, así que lo someten y lo desarman. De acuerdo al expediente que posee el juez de control sobre el caso, fue el joven Saúl Ceballos fue el que logró desarmar a Ríos Soto, pero lo logró tundiéndolo a puñetazos, y le provocó lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

La investigación especial que levantó Juan Omar Fierro para Aristegui, subraya que dentro de la carpeta de investigación está sentado que tanto Natalia Miguel Marín, como Juan Carlos Ríos Soto, son en realidad policías municipales activos.

Por otro lado, la versión del afectado, Mario Alberto de León Venegas, es harto diferente. Según él, los pobladores lo retuvieron contra su voluntad durante horas, lo amarraron, y el señor Cutberto lo coció a patadas durante más de una hora, con ambas piernas. Además, le robaron su celular, que tenía un costo de 24 mil pesos. Esta versión fue la que dio sustento a los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y robo.

Sin embargo, la parte médica de León Venegas sostiene que no tuvo lesiones. Fabiola Vilchis se pregunta: “¿cómo va a ser eso cierto sí según el señor lo patearon durante una hora?”, y destaca que su padre está inmovilizado de una de sus piernas: ¿cómo iba a poder patearlo con ambas?

Natalia Miguel, afirma también que fue amarrada y rociada con gasolina, y aunque en uno de los videos, en efecto, se le puede ver sometida de esta forma, en los reportes no hubo nada sobre un extraño olor a combustible. El examen médico tampoco confirma la existencia de lesiones ni en muñecas ni pies. Para Fabiola Vilchis, los delitos que pesan sobre su padre el resto de los comuneros fueron sembrados por la propia policía.

Desde entonces los ocho comuneros implicados permanecen en la cárcel, a pesar de que sus delitos son considerados como no graves, y no conllevan prisión preventiva oficiosa. Además, no tenían ninguna clase de antecedentes penales.

A pesar de ello se les ha mantenido encarcelados para presionarlos a que cedan esas tierras en disputa. Se les ha negado la libertad bajo caución, y se les negó también un acuerdo para suspender el proceso penal en el que se encuentran; su defensa había ofrecido el pago de 100 mil pesos para subsanar los daños.

El Ministerio Público rechazó la oferta con el argumento de que esos 100 mil pesos no eran dinero suficiente: Mario Alberto de León Venegas alegó que los daños conjuntos que le causaron los comuneros ascienden a 395 mil pesos.

De acuerdo a los afectados, la parte ofendida ha dicho que el único acuerdo que aceptarán, será la cesión del terreno agrícola en discordia: la milpa que está a un lado del cementerio de Salazar, y que tiene un costo de 18 a 24 millones de pesos.

Puedes revisar el reportaje íntegro, en sus dos partes, aquí, y acá.


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