Amparo de CFE contra generación distribuida: un freno a la energía renovable

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Organizaciones civiles del sector energético se han pronunciado en contra del amparo que una de las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos promovió en contra de la Generación Distribuida: un esquema nuevo de generación eléctrica a partir de paneles solares domésticos, que permite consumir la electricidad que se consuma in situ, pero también vender el excedente a la red nacional; esto fue aprobado a raíz de la reforma energética, y de la Ley de Transición Energética.

Este amparo fue promovido por CFE desde el 25 de abril de 2017; entonces, Carlos Tronel, oficial de la Iniciativa Climática de México (ICM), declaró en conferencia de prensa que el amparo significaba un obstáculo para el avance de la generación de electricidad por la vía renovable en nuestro país.

Gabriel Quadri, miembro de la ICM, y también como socio director de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, sostuvo ante los medios que el amparo era un desprestigio y un lastre para la reforma energética; y recordó que uno de sus objetivos era precisamente impulsar la sustentabilidad y el combate al cambio climático.

Como dijimos arriba, la Generación Distribuida es un esquema que tiene alrededor de un año de haberse establecido, sus disposiciones generales en materia administrativa, modelos de contrato y de cálculo de contraprestaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación apenas el tres de marzo del 2017.

Lo que establece es la posibilidad de que un usuario, doméstico o comercial, genere su propia energía a través de paneles fotovoltaicos (solares) instalados en sus tejados. A través de la instalación de un medidor dual, uno que permite calcular lo que se genera, lo que se consume, y lo que se manda a la red nacional como excedente (esto es conocido como net metering, o facturación neta); el usuario puede además participar como productor, y recibir por parte de CFE un pago anual por todo el excedente vendido a la red nacional.

Para ello, por supuesto, tiene que estar interconectado al Sistema Eléctrico Nacional; la subsidiaria de CFE encargada de llevar a cabo esa conexión es CFE Distribución, y la encargada de realizar los pagos por contraprestaciones a los usuarios/productores de la Generación Distribuida es CFE Suministrador de Servicios Básicos.

El principal argumento de ésta para promover su amparo fue que, ciertos puntos de las disposiciones administrativas del nuevo esquema provocarían una pérdida importante de clientes y de ingresos para la empresa productiva subsidiaria: ya que se establecía el pago de la energía eléctrica al usuario sin considerar los gastos de distribución; alegaba también el bajo costo por generación que implica la energía fotovoltaica, en comparación con fuentes tradicionales.

El amparo, desde entonces, no ha prosperado; el juez que llevó el caso se declaró incompetente y lo turnó a un tribunal especializado en la materia; desde entonces se encuentra detenido.

Sin embargo, en días pasados, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en conjunción con El Poder del Consumidor y la ICM, se sumaron a la lista de asociaciones que han impugnado el amparo: ante el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, presentó un recurso conocido como amicus curiae, que consiste en un documento donde terceros ajenos al litigio exponen de forma voluntaria una serie de argumentos, con el fin de colaborar con la resolución de la causa.

En este sentido, Cemda pronunció en su comunicado conjunto que: “si el juez falla a favor de la CFE en este amparo, habría un retroceso importante en lo avanzado con la reforma energética, al tiempo que se producirían graves afectaciones tanto al país, como a los consumidores, en términos de competitividad, calidad del aire, combate al cambio climático, posibilidades para reducir los costos de las tarifas eléctricas, así como pérdida de oportunidades para crear nuevos negocios y generar más empleos”.

Su lista de argumentos contra el amparo se extiende: afirma que, de ser próspero el recurso a favor de CFE, los usuarios de Generación Distribuida no podrán vender sus excedentes eléctricos, o bien los venderán a precios irrisorios, lo que afectará por un lado el avance en materia de transición energética en nuestro país; la libre y sana competencia económica entre usuarios de la GD y el resto del Mercado Eléctrico Mayorista, y “se perdería la oportunidad que tiene el Estado mexicano de redirigir los subsidios eléctricos hacia otras necesidades más apremiantes del país”.

Este último es uno de los puntos más lúcidos que han esgrimido las asociaciones demandantes: los subsidios económicos que el Estado tiene contemplados para el sector doméstico y comercial ascienden a $120,000 millones de pesos. Un esquema como el de la Generación Distribuida permitiría redirigir esos subsidios hacia otros sectores más apremiantes del país, o bien, como ya lo tiene considerado la Secretaría de Energía, utilizar esos subsidios para crear un programa de financiamiento a pequeños sistemas de generación.

En suma, la Generación Distribuida permite una democratización del uso y acceso de la energía eléctrica. Generaría ingresos para las familias, y un considerable avance en materia ambiental.