Acusan a Ximena Puente de haber usado a funcionarios del INAI como “nanas” de su hija | BREAKING

Acusan a Ximena Puente de haber usado a funcionarios del INAI como “nanas” de su hija

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Ximena Puente de la Mora, quien fungió hasta el pasado 22 de marzo como comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue denunciada por peculado, abuso de confianza y tráfico de influencias.

Así lo dio a conocer este día el periódico Reforma a través de una nota, donde se asegura que la hoy candidata a ocupar una diputación federal por la vía plurinominal por parte del PRI, utilizó a funcionarios del INAI como “nanas” y chofer particular de su hija menor.

Dichas acusaciones fueron interpuestas por parte de su excónyuge, Óscar Javier Solorio Pérez, quien, desde diciembre del 2017, denunció a Puente ante la PGR y el Órgano Interno de Control (OIC) por el peculado de un millón 72 mil pesos.

Asegurando que Nayeli Santacruz Palomino, José Rodolfo Araujo Hernández y Priscila Leticia Zermeño González, fueron los funcionarios que Puente utilizó para que atendieran a la menor.

Lo cual, según Reforma, está señalado en la denuncia 2017/INAI/OICE/DEI73: “He podido constatar que diversas personas supuestamente contratadas por ella para el cuidado de nuestra hija en realidad son servidores públicos a quienes Ximena Puente de la Mora ha comisionado ilegalmente a realizar funciones que no corresponden con las tareas de su puesto ni con las atribuciones inherentes a su trabajo”.

Así como otro señalamiento ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), por desobediencia, resistencia de particulares, falsedad ante autoridades, amenazas y secuestros, las cuales argumentó Solorio, surgió a raíz de la disputa que sostienen ambos por la custodia de su hija.

Esta actual denuncia en contra de Ximena Puente, se suma a los varios señalamientos en los que ha estado expuesta la ex comisionada del INAI, desde que declaró al PRI como el partido más transparente de México, y posteriormente se dio a conocer su candidatura plurinominal a una diputación por parte del mismo partido.

Situación que provocó varias voces de la política y de la opinión pública se hicieron escuchar, acusando a Puente y al PRI, por conflicto de interés. Lo cual fue defendido por el aspirante a la presidencia José Antonio Meade, quien aseguró que la postulación de la ex comisionada era un “ejemplo de transparencia.”

Sin embargo, dicho debate llegó la semana pasada al Senado de la República, cuando Puente hizo acto de presencia ante el pleno, para presentar su renuncia. Sin que dicho acto estuviera incluido en la Gaceta Parlamentaria ni tampoco en la Orden del Día, el presidente de la mesa, el panista Octavio Pedroza, estuvo de acuerdo en que fuera incluida.

A pesar de que Puente Mora había presentado su renuncia desde el pasado 18 de marzo, y recibida por el INAI hasta el día 20, fue hasta el 22 que el Senado atendió su solicitud, y abrió la convocatoria para designar a un suplente, del cual hasta entonces se tenía a 34 candidatos.

Ximena Puente estuvo dentro del INAI, desde el año 2014, mismo instituto de que fue presidenta hasta el 2017, pero se mantuvo como consejera, lugar que debía ocupar hasta el 31 de marzo, fecha en la que terminaba su periodo.

Puente Mora es licenciada egresada de la Universidad de Colima, y Maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, Pamplona, España. También ostenta un Doctorado en Derechos po el Doctorado Interinstitucional en Derecho, Universidad de Guadalajara.

En el año 2016 participó en la contienda por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, candidatura que en su momento se afirmó fue promovida por fracciones priístas y panistas, lo cual fue negado y la aspiración de Ximena ya no trascendió.

La ex funcionaria del INAI fue vinculada en varias ocasiones con el PRI, cuestión que siempre desmintió. Esto por que en el 2017 votó a favor de mantener en secreto la información sobre la compra que hizo Emilio Lozoya, entonces titular de PEMEX, de la planta Agro Nitrogenados por 275 millones de dólares.

Esto a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el 60% de la compra del complejo era chatarra.

Con información de Reforma y Animal Político