300 funcionarios en la mira de la SFP por posible enriquecimiento ilícito

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La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene al menos 300 servidores públicos, miembros de 41 instituciones, en la mira por un posible enriquecimiento ilícito; las instituciones que más concentran estos casos abiertos a investigación son Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a información difundida por Milenio, son 65 servidores de Pemex los que están siendo investigados por la SFP, de los cuales 23 están relacionados con el caso Odebrecht; mientras que el IMSS concentra 28 casos abiertos, todos correspondientes al 2017.

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, y su Coordinación General de Órganos de Vigilancia fueron los órganos que difundieron la información, a partir de una solicitud de información realizada por el diario; la SFP destaca que la delegación Tláhuac forma parte de las instituciones investigadas.

Aunque no es una institución federal, sino un órgano de gobierno de la Ciudad de México, la secretaría indaga ahí a un empleado desde agosto de 2017. Además, existen otros 70 expedientes en manos de la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial que involucran a igual número de empleados, de 21 instituciones, en actividades ilícitas de esta naturaleza.

De acuerdo a la información difundida, después de Pemex e IMSS, son Liconsa, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las que concentran el mayor número de casos. Cada una de las anteriores congrega 12 expedientes.

Mientras que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluso la Procuraduría General de la República congregan diez, nueve y ocho casos respectivamente.

Aunque no hay cifras concretas respecto del daño patrimonial de todas estas investigaciones, la SFP destacó que, hasta octubre del año pasado, había calculado incrementos inexplicables en el patrimonio de 59 empleados federales correspondientes a 33 millones 255 mil pesos.

El rango de enriquecimiento individual de cada uno de esos 59 empleados oscila entre los 255 mil pesos y los 61 millones; y sus cargos van desde Analista hasta subsecretario de Estado. El reportaje de Milenio, destaca que, de acuerdo al Código Penal Federal vigente, el enriquecimiento ilícito está catalogado como un delito por Hecho de Corrupción, catalogado así a partir de la reforma que originó al Sistema Nacional Anticorrupción.

Las sanciones previstas en el Código por estos delitos van desde el decomiso de los bienes cuyo origen no se haya podido acreditar, hasta prisión por periodos de dos hasta catorce años. Esto, de acuerdo a los montos del enriquecimiento ilegal: si éstos no exceden los 403 mil pesos, el tiempo de cárcel podría ser de entre tres meses y dos años; si lo excede, se imponen hasta 14 años de cárcel.

No obstante, estas modificaciones al Código sólo entran en vigor hasta que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga su fiscal general. Por lo que se deduce que los responsables, por ahora, no enfrentarán la justicia.