La familia de Rico Moreno se enriquece con favores del gobierno de Hidalgo
La Constructora Sylma, que pertenece a la familia Rico Moreno, se hizo millonaria gracias a que los contratos que le dio Marco Antonio Rico a sus hermanas —propietarias de la empresa—, mientras fue subsecretario de Obras Públicas.
La empresa se constituyó en 2004 como una sociedad mercantil que valía 100 mil pesos y que pertenencia a las hermanas Sylvia Jesús y María de los Ángeles Rico Moreno, según señala la escritura pública con folio 24, 347, fechada el 26 de febrero de ese año y de la que dio fe el Notario Público 3 de Pachuca.
Sin embargo, entre 2016 y 2017, la empresa obtuvo contratos millonarios por parte de la administración que encabezaba el priista Francisco Olvera y en la que trabajaba el hermano de las mujeres.
En 2016 obtuvo contratos por 346 millones 51 mil 33 pesos, mientras que en los primeros meses del año siguiente se embolsó 38 millones 85 mil 169 pesos también por contratos de obras realizadas para el gobierno.
El expediente que salió a luz pública a raíz de las denuncias de García Vázquez reveló que 91 licencias de construcción otorgadas a Sylma fueron obtenidas mientras Marco Antonio Rico Moreno —hermano de las dueñas— fue subsecretario de Obras Públicas en la administración de Francisco Olvera.
Al menos siete miembros de la familia Rico Moreno son accionistas en nueve empresas más: Operadora Brilho, Concretos Doema, Construcciones Rihema, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Inmobiliaria Edoma, Aero Servicios Ejecutivos RM, Promotora de Espacios Residenciales Hidalgo, Operadora de Eventos Nikkia, Constructora Rial del Valle y Veviher.
La información se dio a conocer luego de la constructora fuera denunciada por Leonardo García Vázquez por irregularidades en el fraccionamiento donde él compró una propiedad y que fue construido por Sylma, además que el ciudadano que denunció el posible conflicto de interés con funcionarios del gobierno.
El hombre dio una entrevista a un periódico local y la empresa lo demandó por el delito de difamación, ya que, asegura el juez, el ciudadano debió acudir a las instancias legales del gobierno de Hidalgo, en lugar de haber acudido a los medios de comunicación para denunciar las irregularidades.
El 11 de enero pasado, García Vázquez fue detenido por las autoridades del estado y cinco días después un juez lo vinculó a proceso.
Pese a estar vinculado a proceso, Leonardo García Vázquez tiene como medida cautelar para seguir su proceso en libertad una restricción para viajar más allá de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México, además de que debe firmar cada 15 días en la procuraduría local de Hidalgo.
«No sentimos que hubiera un acercamiento real por parte de la constructora (Sylma) porque estuvieron siempre muy renuentes. No veíamos una respuesta favorable y decidimos organizarnos como vecinos y empezar a tocar puertas en diferentes instancias. Nunca imaginé que el solicitar información fuera a recaer a una persecución en mi contra», dijo García Vázquez al portal Silla Rota.
García denunció también que en una reunión con la ex contralora estatal, Citlali Jaramillo —quien se registró la semana pasada como precandidata a diputada federal del PRI— se comprometió a que hablaría con el ex subsecretario de Obras Públicas y su hermano Benjamín Rico Moreno, quien es secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo para solucionar el tema, sin embargo, resultó demandado.
Desde entonces, Leonardo García ha presentado dos amparos ante el Poder Judicial de la Federación, el primero para eliminar el delito de difamación y el segundo para demandar al gobernador Omar Fayad por presuntamente violar el derecho de petición.
El abogado de Leonardo García, Jesús Alberto Guerrero sostiene que el gobernador dice que no estaba enterado del caso, sin embargo, existe un oficio entregado a la oficialía de partes de la oficina del gobernador fechado el 24 de septiembre.
En dicho documento, los habitantes del fraccionamiento Esmeralda relatan al mandatario local, con evidencia fotográfica, los daños a causados por la lluvia a las viviendas que compraron a la constructora Sylma.
Ahí le solicitaban certificar que la constructora contaba con actas de entrega-recepción, de las instalaciones de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, así como de la red eléctrica y dictámenes técnicos de la recepción de áreas verdes y alumbrado público.
El portal La Silla Rota publicó que solicitó a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial la fecha de renuncia de Marco Antonio Rico, pero asegura que no recibió respuesta.
El gobernador Fayad, por su parte, declaró el 22 de enero que él le pidió dejar el cargo, aunque hasta el penúltimo mes de 2017, confirmó la ex secretaria de contraloría e informó que esta dependencia no tenía ninguna investigación en su contra.
