Fiscalía de Chihuahua tiene cinco días para entregar el caso Gutiérrez a un juez federal

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La Fiscalía General de Chihuahua tiene un plazo de cinco días para entregar toda la carpeta de investigación, y las copias del expediente 780/2017, que contiene las pruebas y las indagatorias que existen en el caso de Alejandro Gutiérrez, quien fuera el ex secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción a finales del año pasado.

El juez federal, Gerardo Moreno García, emitió una resolución para llevar el control del caso y del juicio, a razón de que los recursos que desvió Gutiérrez eran federales, y estaban destinados al sector educativo, por lo tanto, el juzgado Chihuahuense no tiene jurisdicción sobre el proceso, sino que es de orden federal, y sólo un juzgado federal puede llevarlo.

La resolución fue emitida el día de ayer durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Se determinó que, si la Fiscalía de Chihuahua incumple en el plazo de entrega del caso, se hará acreedora a una multa.

César Augusto Peñiche, fiscal general del estado, reclamó que la Fiscalía de Chihuahua sí tiene competencia, toda vez que los recursos desviados fueron entregados de forma legal al estado desde el principio.

“Vemos una resolución muy forzada, débil en argumentos jurídicos, que a toda costa busca llevar la competencia a la federación”, dijo.

Hemos de recordar que fue el desvío de $250 millones de pesos, en 2016, que salieron de Chihuahua hacia el CEN del PRI, en manos de Gutiérrez, lavados y convertidos en efectivo por compañías fantasma de su propiedad, y luego entregados al partido, lo que desató el escándalo y el efecto dominó: Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, así como el exgobernador del estado, prófugo, César Duarte, están todavía en la mira de las investigaciones.

Como sabemos, Gutiérrez cayó ante la justicia Chihuahuense el tres de enero pasado, y gracias a ello, el estado se hizo acreedor a una “multa económica”, impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: le retuvo 900 millones de pesos que tenía pactados para la conformación de su presupuesto.

Este “castigo” erigió un movimiento de escala nacional liderado por el gobernador panista, Javier Corral, que derivó el pasado cuatro de febrero en un acuerdo entre las partes.

El acuerdo consistió en el compromiso del gobierno federal de arrestar y extraditar a César Duarte, y en entregar los 900 millones; se logró una vez que la “Caravana por la Dignidad” llegó a la Ciudad de México, desde que partiera en Ciudad Juárez, el 20 de enero pasado.

En el Hemiciclo a Juárez, Javier Corral sostuvo ante los medios y ante los asistentes que la justica del caso Alejandro Gutiérrez jamás sería negociada: no existiría pacto de impunidad. Sin embargo, la parte del acuerdo que tocó a Corral, fue permitir el traslado del imputado a una cárcel estatal de Ciudad Juárez.

Pero reiteró que: “en cualquier caso, Gutiérrez permanecerá en prisión preventiva y será juzgado por un juez de Chihuahua”. El traslado a Ciudad Juárez serviría para desestimar las acusaciones de tortura que algunos personajes priístas, como el precandidato Meade y su coordinador de campaña, ex secretario de Educación Aurelio Nuño, arrojaran sobre Corral.

En este sentido, la resolución dictada por el juez federal Moreno parece menoscabar ciertos aspectos del acuerdo; o por lo menos, constituir una contra jugada en un complejo juego de ajedrez que sostienen todavía el gobierno de Chihuahua y el federal.

Foto: Paola Urdapilleta