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Director de Zona Franca denuncia represalias del gobierno de Guanajuato

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La Secretaría de Finanzas del estado de Guanajuato ha iniciado un procedimiento de auditoría, al ejercicio fiscal 2016 del portal noticioso Zona Franca; medio que, desde diciembre pasado, publicó una serie de reportajes que exponen a la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Gto., encabezada por Enrique Avilés Pérez, en un presunto gasto irregular: contrataron a una empresa fantasma, F.B.M Comercializadora, para intermediar la producción de publicidad en las páginas web de algunos medios de la Organización Editorial Mexicana (El Sol de Irapuato, Sol de León, de Salamanca, del Bajío; Noticias Vespertinas y Esto Bajío).

Este antecedente cronológico (los reportajes de Zona Franca empezaron a publicarse desde el 8 de diciembre de 2017) hace denunciar al portal que el gobierno de Guanajuato está utilizando su institución fiscal para reprender su libre ejercicio de preguntar: por qué el coordinador de Comunicación Social ha gastado 5.5 millones de pesos en contratos con una empresa ya enlistada por el SAT como una con posibles operaciones inexistentes.

Y es que hubo otras consecuencias para Zona Franca desde que publicó sus reportajes: el cinco de enero pasado, la página web del medio de noticias fue atacado por un usuario anónimo que saturó las solicitudes de búsquedas del portal, lo que provocó un servicio intermitente del mismo, y el colapso de ciertas nubes, lo que dificultó la carga y edición de la información.

Semanas después, por medio de colegas de otros medios y activistas, el director de Zona Franca, Arnoldo Cuellar, fue enterado de las declaraciones contables del medio estaban en posesión y escrutinio de funcionarios de la Secretaría de Finanzas; hecho completamente irregular, ya que esa información no es de carácter público. Días después, un par de notificadores visitaron las instalaciones de la empresa noticiosa para advertir sobre el inicio de la auditoría.

En entrevista con Carmen Aristegui, este medio día, Arnoldo Cuellar dijo lo siguiente: “Alberto Saucedo Pimentel, que hace labores de abogado y activista en materia de transparencia, amigo mío, fue el que me dijo que, Avilés Pérez (Coordinador de Comunicación Social) le había dicho cosas muy extrañas; la primera: que Zona Franca no se había prestado a que la institución explicara la contratación con F.B.M. Nosotros no queremos tanto que nos explique, sino que nos compruebe el gasto que se hizo en ella, qué servicios se contrataron y cuáles fueron los entregables”.

“Y la segunda, y más extraña”, añadió, “que Avilés Pérez estaba en posesión de las declaraciones fiscales de Zona Franca, y que le sorprendía que estuviéramos declarando en ceros. Nosotros no le damos gran importancia a ello, pues hemos declarado impuestos con total regularidad; lo que nos preocupa, sin embargo, es que detrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo que practica Zona Franca”.

Cuellar, que llamó a lo anterior, más que una denuncia, una relatoría de hechos, una exhibición pública de lo que han visto a partir de la publicación de sus investigaciones, dejó claro que todo lo dicho y las evidencias de ello han sido compartidas con organismos como Artículo 19, y otros medios de comunicación.

“Se tomarán medidas legales para prevenir que se esté generando un abuso de autoridad y una extralimitación de las facultades del estado que persigan incrementar la censura que ya se ejerce con el manejo discrecional de la publicidad gubernamental”, sostuvo por escrito en su texto de hoy, en Zona Franca.

El papel de Avilés Pérez

Los contratos que el gobierno de Guanajuato mantiene con F.B.M Comercializadora suman $4.6 millones de pesos. El 17 de agosto de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una lista en la que el SAT ubicaba a 156 empresas bajo presunción de operaciones inexistentes, ya que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”

Fuente: Zona Franca

Como dijimos arriba, la empresa fue contratada (por primera vez en 2015, con una cifra de apenas $183,000 pesos) para servir de intermediario entre la Coordinación de Comunicación Social, y diversos medios de la OEM, para la producción y publicación de espacios publicitarios.

Enrique Avilés Pérez tomó posesión como Coordinador en 2016; justo en ese año los contratos con F.B.M tuvieron un aumento exponencial: llegaron hasta el millón 430 mil pesos; para el 2017, entre enero y octubre, llegaron hasta los tres millones 43 mil pesos.

De acuerdo a lo investigado por Zona Franca, este ejercicio de intermediación resultaba por demás extraño, ya que, de forma directa, la Coordinación mantiene contratos directos paralelos con los mismos medios: en 2016 estos contratos llegaron a los $10.9 millones de pesos, y para 2017, llegaron a los 13 millones.

Las explicaciones que ofreció Avilés Pérez, en entrevista con Alonso Cuellar, fueron, desde el inicio, esquivas: al principio calificó a F.B.M como una empresa que le ofrece “producciones en cuanto a diseño y contenido de publicidad”, pero al ser cuestionado por Cuellar sobre la calidad de F.B.M como fantasma, dijo que todo ello lo desconocía, que era sin duda lamentable, pero que lo desconocía y que, en todo caso, la Secretaría de Finanzas no le había entregado el reporte que dijera: “oye el gobierno está contratando a través de comunicación social con esta empresa”.

Entrevistado por Carmen Aristegui, Avilés Pérez dijo estar en la total disposición de aclarar lo sucedido entre su dependencia y la compañía F.B.M. Disposición que se diluyó en los días posteriores, ya que la documentación nunca fue entregada al portal, bajo una serie de pretextos, y ante la falta de respuesta a una solicitud de información Zona Franca decretó a finales de enero que la información estaba siendo reservada.

Semanas después inició el hostigamiento contra el medio.

Foto: Zona Franca

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