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ONG’s rechazan cómo la SHCP utiliza recursos públicos para premiar o castigar

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Al menos 20 organizaciones rechazaron la manera en la que la Secretaría de Hacienda utiliza los recursos para castigar o premiar a aliados o adversarios, tal como ha sucedido en el caso de Chihuahua. En un comunicado, las organizaciones no gubernamentales dijeron que este caso es «una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público».

Entre las que firman se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Laboratorio de Políticas Públicas, México Unido Contra la Delincuencia, Sociedad y Movimiento, entre otras.

Mencionan que las denuncias de parte del gobierno de Chihuahua respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ponen en debate una de las causas de la corrupción, la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público por parte de esta secretaría. Indicaron que las reglas con las que se llevan a cabo estas decisiones en el presupuesto son poco claras, además de que faltan contrapesos para realmente lograr un buen funcionamiento del sistema democrático.

En el comunicado se enfatiza que la Secretaría de Hacienda tiene una posición de poder y privilegio para usar los recursos políticamente, es decir, para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno actual, debido a que «la Secretaría de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales», también exponen que la manera en la que opera la Secretaría de Hacienda es «una herencia vigente de nuestro país centralista» ya que el Ejecutivo tenía facultades para doblegar a los poderes regionales.

Las organizaciones exhortaron a los legisladores a una comparecencia donde expliquen los detalles del uso del Ramo 23. Dijeron que es necesario recobrar el equilibrio entre poderes por lo que se tienen que abrir un debate sobre las reformas políticas necesarias para que se frene el uso discrecional y político del presupuesto.

Por último, también pidieron a los gobernadores que se responsabilicen del cobro de impuestos, se sumen al compromiso de transparentar los recursos y «que se sometan ellos mismos a los controles y supervisión que exigen del gobierno federal».

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