Federales torturaron a un padre, a su esposa y a sus tres hijas en Tabasco

El 7 de noviembre de 2015 fue capturado un hombre que supuestamente pertenecía a un grupo delictivo que opera en Tabasco. El sujeto se encontraba dentro de una bodega donde se ocultaba droga y gasolina robada y allí lo detuvieron elementos de la Policía Federal.

Esta es la versión oficial que tienen las autoridades sobre este caso. Sin embargo, el hombre, que sigue en prisión, denunció que esa confesión la hizo después de que lo torturaran a él, a su esposa y a sus tres hijas.

Tras dos años de investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la confesión del hombre sobre su participación en hechos delictivos se obtuvo bajo tortura y las acusaciones contra él fueron fabricadas.

Como parte de la revisión de los hechos, la CNDH ubicó a tres testigos, quienes confirmaron que el señor, la esposa y las tres niñas fueron capturados el 6 de noviembre de 2015 —es decir, un día antes de la fecha que dice la Policía Federal— saliendo de su casa, que se ubica  en un punto distinto del estado al que se dice en las actas ministeriales.

La narración de los hechos señala que la familia llegaba en su auto a su domicilio cuando fueron interceptados por dos camionetas, una que no llevaba logotipos y otra de la Policía Federal. Cinco uniformados y tres personas vestidas les apuntaron con armas largas y subieron al padre de familia a uno de los vehículos oficiales, sin orden de aprehensión o algún documento oficial.

La madre y las niñas permanecieron dentro de su auto, mientras los elementos de seguridad entraron a la casa y se llevaron aparatos eléctricos y otros enseres.

Una vez que terminaron de saquear la propiedad, los policías subieron a la mujer y a la bebé de un año en una segunda patrulla, para, minutos después, arrebatarle a la pequeña y someter a la mujer a un interrogatorio que duró media hora, mientras las niñas lloraban.

Todo esto ocurrió afuera del domicilio.

Cuando terminaron, la mujer y las tres niñas abordaron la patrulla y se alejaron del domicilio. La esposa del detenido narró que nunca supieron a dónde las llevaron, aunque manejaron durante casi tres horas por la carretera.

El punto al que las trasladaron era un inmueble, donde ya se encontraba el padre de familia. La mujer y las niñas permanecieron dentro de un vehículo estacionado a un costado de la entrada del lugar.

 “Fui torturado física y psicológicamente, amenazado y obligado a declarar (…) puesto que, si no lo hacía, iban a violar a mis hijas y a mi esposa, y las iban a tirar al río Grijalva”, denunció el padre de familia, quien presentó como prueba las marcas que tiene en sus piernas, producto de la tortura que sufrió y que incluyó también asfixia con una bolsa de plástico.

“Empezamos a escuchar gritos de desesperación y de dolor, demasiado angustiantes, reconociendo que el que estaba lamentándose de dolor era mi esposo. Por obvias razones, mis hijas de seis y ocho años se alteraron, comenzaron inmediatamente a llorar y a gritar desesperadas que era su papá, que lo dejaran en paz, que no le pegaran, que no había hecho nada”, recuerda la mujer, quien siempre estuvo con los ojos vendados pero escuchaban lo que pasaba al interior del inmueble.

Una policía impaciente amenazó a las cuatro con pegarles un tiro si seguían llorando y gritando.

“Como pude abracé a las tres niñas y les dije en voz baja que no lloraran, que no pasaba nada, que pronto pasaría todo”, añade la madre de las pequeñas en las declaraciones.

Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvieron allí, la policía torturó a la niña de 8 años, apuntándole con un arma y amenazándola con dispararle cada vez que se sobresaltaba cuando escuchaba los quejidos de sus padres.

Eso no fue todo, las niñas y su madre estuvieron a la intemperie, sin agua, sin comida, sin poder moverse. Tampoco les permitieron ir al baño y las menores permanecieron horas con la ropa sucia.

 “A altas horas de la noche, o de la madrugada, mis hijas lloraban, ahora ya de hambre y de necesidad de dormir, sin importarle a estas personas las condiciones en que nos encontrábamos”, dice la mujer.

Finalmente, a las seis de la mañana del 7 de noviembre, la mujer y las niñas abordaron nuevamente la patrulla y los policías las abandonaron en la carretera Villahermosa-Teapa, por lo que las cuatro tuvieron que caminar hasta su casa.

Al llegar al lugar vieron que la puerta tenía una cadena. Los vecinos les explicaron que solo así pudieron impedir que los oficiales siguieran saqueando la casa, pero a esas alturas ya se habían llevado 30 mil pesos en efectivo, una laptop, dos televisiones planas, un estéreo, un horno de micro-ondas, una consola XBox, teléfonos celulares… y el auto familiar.

Del padre no tuvieron noticias, hasta dos días después, cuando la esposa supo que estaba detenido en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México.

El hombre sigue detenido por los delitos que confesó cuando era torturado, a pesar de que después denunció a la misma autoridad las vejaciones de las que había sido víctima y se retractó de las declaraciones que había hecho. La PGR no ha realizado ninguna diligencia al respecto.

Mientras su padre sigue en prisión, las niñas sufren las secuelas de los hechos que vivieron aquella noche.

“Este caso tiene una dimensión porque no es que haya (en las autoridades federales) un patrón de tortura familiar, pero sí, en este caso, la dimensión de los hechos es muy preocupante porque algunas de las víctimas eran menores de uno, seis y ocho años de edad, junto con sus papás”, explica Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH.

Todo lo que vivieron forma un cuadro preocupante y laceró su bienestar como niños, además de que acredita la tortura que vivieron los miembros de la familia, añade el funcionario.

Las niñas tienen un estrés postraumático muy fuerte, por lo que la Comisión está exigiendo la reparación integral para las pequeñas, que incluya atención psicológica y médica, que les permitan superar los hechos tan violentos.

A pesar de que la CNDH logró acreditar la tortura a la que sometieron a las cinco personas, la dependencia solo puede “recomendar” acciones de reparación y que los acusados sean sancionados, pero esto solo se puede lograr si la PGR y la Policía Federal aceptan la recomendación.

Con información de Animal Político