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Exigimos a la PGR informar la razón de su silencio en el caso Odebrecht: Senadores del PAN

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Senadores de oposición han advertido que los meses de marzo y abril serán claves para la resolución de uno de los casos de corrupción más importantes del país, y de América Latina: el de los sobornos de la empresa constructora Odebrecht.

La importancia de estos meses radica en que, en este periodo, habrán de elegirse el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASP), el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal General de la República (PGR).

Para Ernesto Ruffo, uno de los impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, nombramientos clave para el partido en el poder, el Revolucionario Institucional (PRI), podrían terminar de garantizar una conclusión impune: “quieren dejar instalados a personajes que los protejan, eso es lo que yo especulo detrás de plan acción legislativa”, dijo.

Estas palabras fueron vertidas durante una importante discusión en el Senado: miembros de la oposición alertaron que el gobierno federal está obstaculizando la acción de la justicia en el caso Odebrecht, para no perder las elecciones; y, además, se están planeando nombramientos clave, como los de titulares arriba mencionados, para garantizar impunidad luego de que acabe el sexenio.

Y es que tiene ya tres meses que Raúl Cervantes Andrade, ex Fiscal General, dejara la PGR con el mensaje de que había concluido con las investigaciones del caso:

“La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto. El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, dijo el pasado 16 de noviembre.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/940996945614602240

Hoy, gracias a documentos clave que reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que vinculan directamente al menos USD$3.1 millones, producto de un soborno entre Odebrecht y Emilio Lozoya, con las elecciones del presidente Peña Nieto; a los testimonios difundidos por Quinto Elemento Lab, en donde se da cuenta de los procedimientos y las cuentas a través de las cuales se lavaba el dinero, podemos constatar el fraude. Sin embargo, permanece impune.

Por ello, el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), solicitó el día de ayer un informe a la PGR sobre la situación actual de la investigación; carpetas que también permanecían abiertas para la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Mario Delgado, senador de Morena, expuso que es la complicidad de la PGR con la presidencia lo que ha impedido la culminación justa del caso: “hay una complicidad y una responsabilidad absolutas en los más altos niveles del gobierno. Raúl Cervantes hace tres meses dijo que la investigación estaba lista en su escritorio, y no hemos visto resultados”, dijo.

Expuso también que la salida de Santiago Nieto Castillo de la titularidad de la Fepade, evidencia el hecho de que para el gobierno fue más fácil quitar la cabeza de la dependencia, en el momento en que se tocó el tema, a perseguir a los culpables.

“El sistema de investigación, averiguación, y evaluación de los asuntos de corrupción está en manos de autoridades asignadas por el Presidente de la República, que es del PRI. No funcionan estas instituciones, o no han querido dar resultados, porque esto precipitaría que perdieran las elecciones”, afirmó Ernesto Ruffo.

“Van a dejar que pasen las elecciones, y hasta que acabe la administración actual, porque parece ser que está involucrado el presidente, no alguien cercano a él sino él mismo”, dijo, por su parte, Francisco Búrquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Entre las acciones que están tomando los senadores, se encuentran una petición al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que comparezca ante ellos y explique las razones de la demora.

“El encargado de despacho de la PGR está obligado a informar al país de la razón de su silencio, lentitud, indiferencia o encubrimiento y de la misma manera los consejeros independientes y el contralor interno de Pemex deben rendir un informe de su actuación ante diversos temas de posible corrupción”, dijeron en sesión de la Comisión Permanente.

También exhortaron la presencia de Pedro Joaquín Coldwell, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Pemex, que acuda a la comparecencia y explique las acciones emprendidas por Pemex en la materia.

Asimismo, la ASF deberá entregar a la Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días, un informe sobre los procesos aun abiertos en el caso de Emilio Lozoya; en caso de estar todos cerrados, exhortan a la apertura de nuevos.

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