Dos alcaldes, de Edomex y Puebla, son destituidos por incumplir sentencias de amparo | BREAKING

Dos alcaldes, de Edomex y Puebla, son destituidos por incumplir sentencias de amparo

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución de otros dos alcaldes. Erwin Castelán de Coacalco, Estado de México, y Pablo Pérez de Tlacotepec, Puebla. También los regidores y síndicos de ambos cabildos tendrán que dejar sus puestos. La decisión fue tomada después de que se negaron a cumplir con sentencias de amparo, informó Aristegui Noticias.

En el caso de Coacalco, Erwin Castelán se negó a pagar los 4 millones 120 mil pesos de adeudo que tenían con un empleado que fue despedido antes del año 2012, la resolución del juez obligaba a realizar el pago antes del 2013. Al no respetar esta orden, tanto el alcalde como otros 15 servidores públicos fueron destituidos. El Congreso del Estado designará a autoridades interinas.

En el caso de Tlacotepec, el afectado solicitó a las autoridades la devolución de un predio donde se había construido una obra pública, sin embargo, el alcalde Pablo Pérez propuso entregar un predio alterno en vez de realizar el pago correspondiente al valor del inmueble, es decir, 967 mil pesos. El afectado se negó a esta propuesta y desde entonces el alcalde no volvió a establecer negociaciones, por lo que el juez ordenó su destitución.

Según el artículo 107 constitucional, los funcionarios serán consignados ante jueces penales para que se les procese por el delito de inejecución de una sentencia de amparo.

Hasta el momento, la Suprema Corte ha removido de su cargo ya a tres alcaldes y a un jefe delegacional por estos mismos motivos. El lunes, ordenó la destitución de Bernardo Barrada Ruiz, de Paraíso, Tabasco.

Mientras que, en diciembre, se le notificó al jefe delegacional Israel Moreno, que debía dejar su cargo ya que se negó a indemnizar a una trabajadora que ganó un juicio de amparo.

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte, enfatizó que estas resoluciones son una obligación impuesta por la Constitución, por la que se debe sancionar y destituir a los funcionarios que cometan un desacato judicial.

Con información de Aristegui Noticias.