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Proponen juicio político por corrupción al presidente de México

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¿Qué tanto se puede enjuiciar a un presidente en este país? Hasta el día de hoy, muy poco. Según el artículo 108 de la constitución mexicana, “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Quienes busquen generar un juicio político contra un mandatario del ejecutivo en México deben probar acciones que atenten contra la nación misma y eso, según la ley, puede significar una forma de escudo para no tocar a la figura presidencial. Por lo que queda claro que un expresidente mexicano tras las rejas es prácticamente imposible.

Para contrarrestar este gran poder y protección que se le da a los presidentes en México, cinco senadores panistas han propuesto incluir los casos de corrupción como acusación válida para enjuiciar a un presidente.

“La actuación de los servidores públicos debe estar en total apego de los principios éticos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y no solo al cumplimiento que establece la norma por el temor a ser sancionado por el incumplimiento de la ley”, señala la iniciativa que han signado al menos cinco políticos del partido conservador.

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Se trata de los panistas Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez, Marcela Torres y Víctor Hermosillo, quienes exponen que México es uno de los países en donde la figura presidencial es casi la de un “semidiós”, en donde no se puede tocar a un presidentes desde el aparato jurídico. Por esta razón proponen modificar los artículos 108, 100 y 111 de la constitución mexicana.

En estos tres apartados se desglosa la capacidad de la ley mexicana para llevar a juicio a prácticamente cualquier trabajador del gobierno mexicano, siempre y cuando no sea la figura presidencial. “Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”, señala el artículo 111.

La historia ha ido restando delitos

Conscientes de la incapacidad de la constitución actual para procesar a un presidente mexicano, la iniciativa afirma que “la realidad que vivimos en la presente administración, indica que la inmunidad e impunidad ha llevado a conductas de los servidores públicos que en el ejercicio de la función pública hoy se traducen en irresponsabilidades en el desempeño de sus funciones”, por lo que habrá que modificar el núcleo de estos artículos para dar paso a una ley más democrática que pueda alcanzar legalmente a un mandatario nacional.

Fuente: Segob

El documento narra cómo es que desde la independencia de México, se han ido reduciendo los cargos por los que podría llevarse a juicio a un presidente. Los párrafos que apuntan a las causas para enjuiciar a un líder del ejecutivo son cada vez más cortos hasta llegar a la constitución actual.

En los casos de América Latina, países como Chile, Uruguay y Perú dejan claro que se puede juzgar a un presidente aún después de terminado su cargo. Esto no pasa en México y esta iniciativa pretende que se pueda investigar a un presidente mexicano hasta tres años después de terminar su mandato. Proponen “hacer modificaciones que permitan estar a la vanguardia en cuestiones de combate a la corrupción eliminando con ello la inmunidad del presidente de la República”.

No tocaría a los ex presidentes panistas

Lo que este quinteto conservador deja en claro es que no se podrá acusar de traición, impunidad o corrupción a los ahora ex presidentes mexicanos. Es decir, no se podrá tocar a los dos presidentes panistas que ha tenido México, ni tampoco a sus antecesores.

La idea de estos senadores es la de tener capacidad legal para poder iniciar con los juicios políticos a partir de la salida de Enrique Peña Nieto, acusado de varios escándalos de corrupción, entre los que destacan el financiamiento ilegal durante su campaña presidencial, entrega de licitaciones a empresas favorecidas por el estado, la compra de una mansión fuera de sus capacidades económicas y casos de ciberespionaje a ciudadanos mexicanos.

La iniciativa lo deja claro al afirmar que el presidente priísta busca defenderse de acusaciones de corrupción al término de su mandato con “la intención de implantar un fiscal a modo para tapar todo hecho de corrupción por nueve años o bajo el cobijo que brinda hasta el momento la constitución mexicana”.

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