Nuevo video revela al hombre que autorizaba el pago de sobornos de Odebrecht

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Era Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, el hombre que autorizaba el pago de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos a modo para su empresa constructora. Una nueva entrega de Quinto Elemento Lab, revela el testimonio del empresario que rindió ante la justicia brasileña el 13 de diciembre de 2016, donde detalla su participación en el pago de millones de dólares a Emilio Lozoya, antes y después de que asumiera la presidencia de Petróleo Mexicanos (Pemex).

“En abril de 2008 asumí el cargo de vicepresidente para América Latina y Angola de Odebrecht; México estaba entre los países bajo mi jurisdicción. Como anteriormente indiqué, se necesitaba de mi permiso para que, cuando fuera demandado por los presidentes de la compañía para cada país, se pagaran sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos”, confiesa Mameri en un primer momento, y después detalla:

“Específicamente en lo que toca al señor Emilio Lozoya en México: alrededor de abril y mayo de 2012, el superintendente de nuestra compañía en ese país, Luis Meneses Weyll, me indicó que había arreglado con él el pago de USD$4 millones a cambio de apoyar a nuestra compañía en sus operaciones en México”.

Mameri detalla también que, en esos años, veían como una necesidad el hecho de tener un acercamiento con las compañías constructoras aquí en México, para formar posibles consorcios que participaran en licitaciones de construcción: “el mercado constructor en México es muy cerrado”, subraya Mameri, “y Lozoya nos ayudó a concretar ese acercamiento”.

A cambio de esto, pues, Luiz Antonio Mameri, a través de correos encriptados en una plataforma conocida como My Web Day, autorizó el pago de esos cuatro millones de dólares, en tiempos en que Lozoya era miembro de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y de otros seis millones de dólares, ya con Lozoya como presidente de Pemex, para garantizar un contrato en la refinería de Tula, Hidalgo.

Ambos pagos fueron solicitados por Luis Alberto Meneses Weyll, y ejecutados a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía.

En una primera entrega, se había confirmado que una parte de estas negociaciones entre Lozoya y Weyll, se llevaban a cabo en la casa del primero, en una exclusiva zona residencial de la Ciudad de México; misma que fue comprada al contado por Lozoya, sólo unos días después de que recibiera pagos millonarios.

Durante el video puede observarse que los fiscales le cuestionan a Mameri: “Si usted sólo autorizaba los movimientos, ¿cómo está seguro de que fueron efectivamente pagados? ¿Encontró alguna prueba de que esos seis millones fueron en verdad transferidos a Lozoya?”, el ahora delator ante la justicia, responde: “Sí, encontré en el sistema denominado Drousys, referente al primer acuerdo, órdenes de pago a la empresa Latin America Asia Capital Holding, por un valor de USD$3 millones 150,000; y referente al segundo acuerdo, órdenes de pago a la empresa Zecapam S.A, por USD$5 millones”.

¿Y había algún dato en el sistema Drousys de que esas compañías estuvieran ligadas a Lozoya? ¿O cómo tenía la certeza de que esas órdenes de pago correspondían a los acuerdos entre Lozoya y Weyll? Mameri responde que Meneses Weyll ya le había hablado de la naturaleza de esas dos compañías offshore, y que en el sistema encontró los datos que lo corroboraban.

Estas dos compañías se tratan de firmas offshore que Lozoya creó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, que le permitían el pago de acciones al portador, una de las figuras más opacas en el mundo fiscal ‘costa afuera’.

Este testimonio de Mameri se une a toda una serie de pruebas que incriminan directamente a Lozoya, quien, hasta ahora, ha logrado eludir la acción de la justicia por medio de intimidaciones, amparos, y otras estrategias comandadas por su abogado Javier Coello.

De acuerdo a lo reportado por Aristegui, el caso de México en el marco de la red corrupta que mantenía Odebrecht en toda América Latina y parte de África, es sólo uno de muchos: calcula que desde 2001, la compañía brasileña pagó al menos USD$800 millones a funcionarios y políticos de Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y República Dominicana.

Te puedes revisar la serie completa de Quinto elemento Lab, así como el resto de los documentos probatorios, aquí.