Gobierno de Guanajuato paga 4.6 MDP a empresa "fantasma" por publicidad | BREAKING

Gobierno de Guanajuato paga 4.6 MDP a empresa «fantasma» por publicidad

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El Gobierno de Guanajuato realizó convenios con una empresa «fantasma» para adquirir servicios periodísticos. Dicha empresa fue enlistada como sospechosa por la Secretaría de Hacienda y también por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Miguel Márquez, a través de la Coordinación de Comunicación Social otorgó 4.6 millones de pesos, durante tres años, a F.B.M. Comercializadora. El 17 de agosto en el Diario Oficial de la Federación apareció en la lista como una de las 156 empresas con presunción de actividades fraudulentas por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal ya que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”, reporta el diario Zona Franca. Mientras que el 8 de noviembre se incluyó en la lista de empresas fantasma del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta empresa fue intermediaria para la contratación de espacios publicitarios en diversos periódicos como El Sol de Irapuato, El Sol de Salamanca, El Sol del Bajío, entre otros. Los precios varían desde los 3 mil 600 pesos por una plana blanco y negro en el Esto del Bajío hasta los 13 mil por página a color en El Sol de Irapuato. Resulta extraño que esta empresa actúe como intermediaria ya que la Secretaría de Comunicación Social mantiene contratos directos con los principales diarios para la compra de publicidad.

La empresa apareció en el 2015 en la lista de proveedores de la Secretaría de Comunicación Social y se le dieron 183 mil pesos. Sin embargo, el año siguiente, cuando tomó posesión Enrique Áviles Pérez, se le otorgó un millón 430 mil pesos y de enero a octubre de este año facturó 3 millones 43 mil pesos.

Durante su investigación, el diario Zona Franca buscó a Enrique Avilés Pérez, director de Comunicación Social, quien se negó a realizar una entrevista sobre los criterios de asignación de publicidad, sin embargo, un día después, le realizaron una entrevista telefónica.

Se le preguntó por qué era necesario que F.B.M Comercializadora fuera intermediaria de la publicidad con los diarios con los que ellos mantienen convenios directamente, a lo que respondió que se trata de “producción de contenidos, no de pauta neta” ya que esta empresa se encarga de realizar desde las producciones hasta la publicación “se encargan del diseño, del contenido y de entregarlo al medio. Es una agencia dedicada a la publicidad y al tema mediático”, señaló Avilés Pérez. Mencionó que desconocía la información de que F.B.M. Comecializadora estuviera en la lista de empresas con actividades inexistentes.

Según la investigación de Zona Franca, ninguno de los expertos en publicidad y relaciones públicas en Irapuato, a los que se les preguntó por F.B.M. Comercializadora conocen la existencia de esta empresa. Cuando los reporteros visitaron las oficinas que tienen su domicilio en Irapuato, estas permanecían cerradas. Al hablar por teléfono para pedir la dirección de la oficina, la telefonista les contestó que ignoraba en dónde se encontraban las oficinas. Posteriormente, una reportera se hizo pasar por la asistente de un político y pidió hablar con Tomás Jiménez Morales, el representante legal de F.B.M. para la cotización en un impreso, Tomás Jiménez se mostró sorprendido y pidió a la reportera enviar un correo con la solicitud, sin embargo, nadie respondió a este mail.

Respecto a los montos que no se pueden comprobar, Zona Franca encontró que del millón 430 mil 350 pesos que se otorgó la empresa en el 2016 y comparándolo con el portal de transparencia del Gobierno del Estado encontraron facturas y convenios por un total solamente de 755 mil 992 pesos. Mientras que en 2017 hay tres convenios, uno por 43 mil y dos por 1 millón 500 mil pesos en el portal de Transparencia solo hay una factura de 750 mil pesos. Es decir, no hay ninguna factura que compruebe dónde están los 2.5 millones de pesos restantes. 

Lee la investigación completa en Zona Franca.