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Diputada alemana se suma a críticas contra la Ley de Seguridad Interior

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Heike Hänsel, diputada del Parlamento Alemán, llamó a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, informó el portal Aristegui Noticias. Diversas organizaciones se han mostrado en contra ya que esta ley permite el uso de la milicia en tareas de seguridad pública. La diputada expresó que no es una “solución idónea” y señaló que “la experiencia de los últimos años demuestra que el despliegue militar no ha llevado a una reducción de la violencia, sino que, por el contrario, ha resultado en la violación de los derechos humanos”.

La carta llama a los legisladores mexicanos a votar en contra de dicha ley y sostiene que: “… las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Por tanto, el objetivo que persigue la Ley de Seguridad Interior no está planteado conforme a la constitución y es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Hänsel sostiene conocer la realidad de violencia que atraviesa el país y le parece que la ley no va a reducir esta situación. Para resolver este problema “se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles” cosa que no se promueve en la Ley de Seguridad Interior, al contrario reduce y “desencitivaría el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales”.

Por último, la diputada reitera su preocupación por la aprobación de esta ley y menciona que el enfoque militarizado que se le está dando va en “detrimento de la ciudadanía mexicana”. Esta no es la primera vez que la diputada ha mostrado su preocupación por la realidad mexicana y ha enviado cartas a las autoridades para que resuelvan distintos conflictos sociales de manera no-violenta como lo hizo en el 2006 en una carta a el expresidente Fox Quesada para resolver el conflicto en Oaxaca.

ORGANIZACIONES CIVILES LA RECHAZAN

Este llamado se suma a decenas de recomendaciones por parte de distintas organizaciones civiles para impedir su aprobación porque la consideran contraria a los derechos humanos. Por ejemplo, el director de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson ha dicho que aunque el país necesita mejorar su respuesta a los problemas de seguridad pública “delegar esta tarea a las fuerzas armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”. Mencionó que entre 2006 y 2016, se registraron 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, 2 mil en el actual gobierno.

Zeid bin Ra’ad, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también se pronunció en contra ya que opina que: “la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”.

De igual manera, se han pronunciado en contra Juan Méndez, ex relator de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzsky, ex integrante y Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns, ex relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según reportes de Huffpost México. En un comunicado, los ex miembros de la ONU señalaron que el dictamen de ley “no aborda las causas estructurales de la violencia, ni propone medidas transformativas para superar la situación actual… está plagado de definiciones imprecisas que oscurecen el sentido del texto.” También consideraron que la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad del país: “ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”.

En el portal Seguridad Sin Guerra se han reunido decenas de organizaciones que rechazan esta propuesta de ley por considerar que es una amenaza grave a los derechos humanos y mencionan en su último comunicado del 27 de noviembre de este año que: “Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional… Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”.

El dictamen de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados el primero de diciembre y ahora será discutida en el Senado, aunque se preveé es posible que también sea aprobada.

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