Desplazados de Chalchihuitán exigen el desarme de grupo armado que los expulsó de sus viviendas | BREAKING

Desplazados de Chalchihuitán exigen el desarme de grupo armado que los expulsó de sus viviendas

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Una comitiva de indígenas, constituida sobre todo por mujeres de Chalchihuitán, municipio de Chiapas que se encuentra en un severo conflicto territorial con su vecino Chenalhó, y que ha dejado 5000 desplazados, se manifestaron ayer en San Cristóbal de las Casas, para exigir a las autoridades del estado el desarme del grupo armado responsable de su desplazamiento forzoso, y que ha cobrado ya la vida de 11 chalchihuitecas.

Este conflicto tiene al menos 40 años de presencia en la región, pero escaló hasta estos ámbitos a raíz de que un grupo de civiles fuertemente armado, operara la expulsión de casi 5000 indígenas de sus hogares, y los dejara al amparo de la intemperie en la sierra, sin poder salir, o escapar de la región.

Son alrededor de 365 hectáreas en disputa con el municipio vecino de Chenalhó; los marchantes exigieron a las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Manuel Velasco, su acción inmediata para el desarme, a pesar de la conocida inacción de éste y su gobierno en el tema.

Y es que alrededor de 13 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que participaron en la marcha y tienen también una fuerte presencia y trabajo en la región, señalan que las presidencias municipales de Chalchihuitán, Chenalhó y Chamula, necesitan ser auditadas, ya que existe la presunción documentada de que han financiado la compra de armas para las actividades de este grupo.

De hecho, la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez, del Partido Verde, ha sido señalada en repetidas ocasiones, como la responsable de los ataques a la población. Por ello, el colectivo de 13 organizaciones civiles demandó en su comunicado una estrategia inmediata para la desarticulación, desarme y castigo de los grupos civiles armados, así como el otorgamiento de garantías de seguridad e integridad de los desplazados.

Además, demandan la rehabilitación de las vías de acceso a la región, el libre tránsito, y la “presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto de ayuda humanitaria”.

Por otro lado, el sábado 16 de diciembre tuvo a lugar una reunión de las autoridades de las 37 comunidades que conforman el municipio de Chalchihuitán, en donde, encabezados por su alcalde, Martín Gómez Pérez, acordaron el unánime rechazo de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, que deja sin efecto los linderos territoriales de 1976, y, por lo tanto, desconoce la pertenencia de las 365 hectáreas en disputa, al poblado de Chalchihuitán.

En esa misma reunión, sin embargo, se acordó también que los 5000 desplazados no podían volver a sus hogares por falta de seguridad en el municipio; entre tanto, suman ya once fallecidos, desde el 18 de octubre hasta el 18 de diciembre, entre el grupo de desplazados: niños, mujeres y adultos mayores que perecen de hambre y frío en la intemperie de la sierra.

Los comuneros elevarán su resistencia jurídica hasta las instancias del Tribunal Colegiado Agrario, para recuperar su territorio, y de ser infructuosa su lucha, lo harán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o incluso hasta instancias internacionales.

Gracias al reporte de la periodista Ángeles Mariscal, que, para el grupo noticioso de Aristegui, reporta desde la región, se sabe que los afectados no aceptarán ni la compensación económica que se les ofrece, ni la posibilidad de ser reubicados: insisten en que la región en disputa les pertenece históricamente.