Alejandro Madrazo cuestiona a senadores si el “diálogo” de la #LeyDeSeguridadInterior es una simulación
Alejandro Madrazo, investigador del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), cuestionó a los senadores si la discusión actual sobre la Ley de Seguridad Interior es una simulación, como ha ocurrido con la discusión de esta iniciativa en el último año.
“Puede también ser una simulación, como lo fue el último año en el que tuvimos aquí una discusión sobre la gravedad de los datos que nos decían acerca de la catástrofe que ha sido la militarización del país; y un año después claramente no se hizo caso de lo que los datos y la evidencia muestran. Puede ser una simulación, puede ser un ejercicio serio. Ustedes deben de decidir esto en este Senado”, dijo el investigador.
Madrazo participó el lunes pasado en una reunión que sostuvieron las organizaciones no gubernamentales con las comisiones encargadas de dictaminar esta legislación en el Senado, para discutir el contenido del texto y pedir que se hagan cambios profundos antes de aprobarla.
E N O R M E, @BuenMadrazo, advirtiendo la simulación y las amenazas de la #LeyDeSeguridadInteior si un contrincante político de los senadores llega al poder con esas facultades.
No digo mas, VEAN ESTA JOYA: pic.twitter.com/YdCrdzzTrL
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) December 11, 2017
En su participación, el abogado recordó que hace un año estuvieron en los mismos foros para analizar la situación del país a partir de la militarización de las calles y la estrategia de seguridad que se siguió durante la administración de Felipe Calderón.
Los homicidios crecen 6% en los lugares donde se realizan operativos federales y cuando ingresa el Ejército, la cifra sube a 9%.
Los homicidios han aumentado en el último año, a pesar de la política de militarización que ha mantenido el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y el país es más violento que en 2017, pero tiene una ley más laxa, sin policías articulados.
El investigador señaló que la iniciativa que buscan aprobar —y que ya pasó en la Cámara de Diputados— tiene un lenguaje esquivo, engañoso y que no deja claro cuáles serán las funciones y los alcances de las fuerzas de seguridad.
“La ley señala: “En ningún caso, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las fuerzas armadas, se considerarán, o tendrán la condición de seguridad pública”, qué clase de lenguaje es ese”, cuestionó Madrazo.
Al señalar el lenguaje con que se redactó la ley, enumeró los artículos en los que se esconden mensajes que dañan o violan los derechos humanos de los mexicanos. Entre ellos están los artículos 26,10, 32, 14 y el 31, que es uno de los más graves, ya que obliga a todos los entes, incluyendo a los autónomos de entregar información sobre los ciudadanos si está relacionado con el tema de seguridad nacional.
“Eso quiere decir que nuestros datos personales, conforme al INE, pueden ir a dar ahí; o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS, pueden ser requeridos por seguridad interior”, señaló Madrazo.
¿Quién es Alejandro Madrazo?
Es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde se recibió con mención honorífica. Es maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Yale.
Actualmente es investigador de tiempo completo en el CIDE y publica sobre la enseñanza del derecho, la historia del pensamiento jurídico, la libertad de expresión, la justicia electoral, los derechos sexuales y reproductivos, el control del tabaco y la regulación de drogas.
Forma parte del grupo de investigadores y organizaciones no gubernamentales que se han manifestado en contra de la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso de la Unión, a la que califican como riesgosa, al querer seguir militarizando al país.
Llueven críticas en el Senado
Este lunes, los presidentes de las Comisiones de Gobernación, Defensa, Marina y de Estudios Legislativos se reunieron con decenas de investigadores y miembros de organizaciones sociales para discutir los puntos de la ley.
En el encuentro, los participantes demandaron una discusión abierta sobre la iniciativa para su modificación y pidieron a los senadores no aprobar el texto, tal como se los enviaron de la Cámara de Diputados, donde los legisladores la pasaron sin modificarle ni una coma.
Ana Laura Magaloni, también investigadora del CIDE, señaló que la permanencia del Ejército en las calles permite que los responsables de la seguridad de la población —gobernadores y presidentes municipales— no se hagan cargo de ella y deleguen la responsabilidad a otros actores.
“¿Por qué se considera que la presencia militar mejora la seguridad pública? ¿En dónde está la evidencia que muestra que la presencia del Ejército disminuye la violencia y los índices de inseguridad?”, cuestionó por su parte Tania Reneaum, de Amnistía Internacional.
La reunión concluyó después de casi dos horas y se sumó a los encuentros que los senadores sostuvieron con los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y con los presidentes municipales.
Por la noche, activistas se reunieron afuera del Senado para convocar a un dialogo ciudadano sobre la ley. En el lugar estuvieron los actores Diego Luna y Gael García, quienes han sido duros críticos de la iniciativa y que incluso la semana pasada discutieron con Javier Lozano en Twitter sobre este tema.
“Once años de guerra son demasiados, asumiendo el pertinente llamado del Presidente de la República a ampliar los espacios de diálogo sobre la Ley de Seguridad Interior, y reconociendo que el mismo solo será eficaz si involucra a todos los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de una agenda para la paz, desde el colectivo #SeguridadsinGuerra.
“Estimamos indispensable la reflexión nacional sobre un modelo se seguridad nacional ciudadana que permita la formación de policías, y que realmente de certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas», dijo Luna en un pronunciamiento.
La ley se sigue revisando en Comisiones y está pendiente la dictaminación, por lo que no aún no tiene una fecha definida para ser votada en el Pleno.
