Policías fabrican hechos para detener y extorsionar a personas

En julio pasado la organización Amnistía Internacional presentó su informe: «Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias en México por policías». En el que denunció las prácticas rutinarias que utilizan los uniformados para detener a personas arbitrariamente y así extorsionarlas a cambio de liberarlas y no llevarlas ante el Ministerio Público.

Y es que, dicha organización ha declarado que distintas corporaciones del país fabrican pruebas y hechos que son utilizados con el fin de arrestar a personas en supuesta fragancia para no investigar y así alimentar las cifras de detenciones en el país, lo cual han dicho, no funciona como una respuesta que dé resultados a favor de la seguridad.

Lo uniformados suelen aprovecharse de hombres y mujeres que pertenecen a un extracto social pobre y que históricamente han sufrido discriminación. Situación que asegura Amnistía Internacional, es aprovechada por agentes de todos los niveles policíacos, desde municipales, estatales y federales.

Dichas prácticas que elevan las cifras de personas que están recluidas en los 267 centros penitenciarios del país, ha tenido como consecuencia que se evidencie la ineficacia del sistema jurídico en la república.

Pues según el INEGI, en México las cárceles tienen una sobre población del 29%. Hasta abril de este año se tenían contabilizados 213 mil 318 reos que han sido acusados por el fuero federal y común.

En tanto que el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y Sistema Penitenciario Estatales, en lo que va del año, ha estimado que 104 mil 363 mexicanos han sido ingresadas a los distintos centros penitenciarios.

De los cuales 93 mil han sido encarcelados por el delito de Fuero Común, así como 9 mil 732 del Fuero Federal y mil 632 que actualmente han sido detenidos y enfrentan procesos en ambas acusaciones.

Personas que aparte de ser recluidas, pasaran un tiempo indeterminado sin que reciban sentencia o bien sin que su proceso de juicio dé inicio.

Y es que datos proporcionados y dados a conocer por la propia Secretaría de Gobernación, estiman que en México 4 de cada 10 reos no han recibido alguna pena de cárcel por parte de un juez. Es decir, más de 80 mil personas se encuentran en un limbo jurídico.

Como por ejemplo, el caso de Daniel García y Reyes Alpízar quienes en el año 2002 fueron detenidos por la Procuraduría del Estado de México, acusados de haber participado en el asesinato de María de los Ángeles Taméz Pérez, regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Personas que llevan 15 años recluidos y quienes no han recibido alguna sentencia.
Por lo que la ONU, al haber atraído y estudiado el caso concluyó que el encarcelamiento de ambas personas fue ilegal y arbitrario, ya que, fue violado su derecho a la presunción de inocencia, además de que en el momento de su aprensión fueron incomunicados y torturados.

Agregando que el caso de estos mexicanos es una situación inédita, pus tantos años recluidos sin recibir una pena, constituye un record mundial. Sin embargo, a pesar de la Organización pidió su inmediata libertad, el gobierno tiene un tiempo estimado de 6 meses para emitir una respuesta, en tanto que García y Alpízar permanecerán en el penal de Barrientos, ubicado en el Estado de México.

En la república mexicana un policía tiene la facultad de arrestar a una persona siempre un cuando el móvil esté plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Existe la orden de aprensión, que es cuando por medio de una dictamen emitida por un juez, el agente en cumplimiento de la solicitud hecha por el Ministerio Público, puede detener a un ciudadano.

También están los arrestos en flagrancia, que es cuando un policía sorprende a un individuo cometiendo un supuesto acto delictivo. Suceso que han demandado la ONU y Amnistía Internacional, son los más utilizados por los uniformados para ejecutar alguna detención arbitraria.

Usualmente cuando una persona es detenida de esta manera, los agentes lo hacen para extorsionar a las personas que son privadas de su libertad, o son pagados por terceros para que detengan a determinado sujeto, además de que, cuando se lleva a cabo el arresto, no informan acerca de los derechos, ni tampoco dan aviso al MP. Además de que el detenido es discriminado, golpeado y torturado, según lo señala el informe “Falsas sospechas”.

Finalmente en un estudio realizado el año pasado titulado, “Ser Policía en México”, arrojó resultados en los que se dieron a conocer que el 35% de la población asocia a los agentes con la corrupción; el 13% con inseguridad y el 19% con cuestiones negativas como: miedo y desconfianza.