PGR deja impunes 100% de los casos denunciados por la ASF, cero sentencias
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependencia encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, ha presentado 872 renuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles casos de corrupción. Según la información de Animal Político, solo una decena de esos casos ha llegado a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia.
Esto quiere decir que, desde hace 17 años que se creó la ASF, lo que ha prevalecido es la impunidad, ya que sin lograr una sentencia, los acusados permanecen libres bajo fianza. Entre estos hay 60 solamente relacionados con la gestión de Javier Duarte.
De acuerdo con Animal Político, los principales motivos por los que no se han resuelto estas acusaciones dependen de varios factores. Por ejemplo, la lentitud de las investigaciones que se han postergado por años o incluso se archivan sin resolverse. También sucede que los acusados se amparan lo que impide que se continúen los procesos. En un porcentaje de estos casos, los jueces han desestimado algunos por no estar bien integrados.
Las 872 denuncias que se han presentado son, en su mayoría por recursos públicos que han desaparecido sin haber llegado a su destino. Estas denuncias están en todos los niveles de administración desde la federal, gobiernos estatales, universidades y fideicomisos. De este número, 833 se han presentado desde el ingreso del auditor superior, Juan Manuel Portal, en el año 2010.
CIEN POR CIENTO DE IMPUNIDAD
Un dato que nos costó trabajo obtener pero que resulta revelador: la PGR solo ha conseguido que 10 de las 872 averiguaciones iniciadas por denuncias de la ASF lleguen a juicio. Sí… ¡solo 10! (Y CERO sentencias obtenidas) https://t.co/3kNttl1md6
— Arturo Angel (@arturoangel20) November 29, 2017
Debido a que en ninguno de estos casos se ha sentenciado a los responsables, se puede decir que el nivel de impunidad es del cien por ciento. Al no haber una sentencia condenatoria, no se ha podido hacer justicia ni se ha permitido que se reparen los daños del mal uso de los recursos públicos. Es decir, ninguna persona sospechosa de cometer estos crímenes está en la cárcel o detenida.
De estas denuncias, solo diez se encuentran todavía en juicio, y los involucrados están libres actualmente debido al pago de fianzas.
Según los datos recabados por Animal Político, el 68% de las denuncias se encuentran en integración, es decir, se les está investigando. 11.5% se encuentran en archivo, esperando a que haya más información para proseguir. 56 casos fueron desestimados por la PGR al considerar que el daño ya se había resuelto y otras 40 las devolvió a los Ministerios Públicos para su revisión.
FALLAS INSTITUCIONALES
De acuerdo con los especialistas, las denuncias de las ASF solo son un pequeño porcentaje de aproximadamente 40 mil que atiende la PGR en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Generales, lo cual complica sus investigaciones ya que no hay recursos humanos ni económicos para poder resolver estos procesos de manera más rápida. Por otro lado, que los fiscales vuelvan comprobar irregularidades y tengan citas con todos los involucrados demora el caso durante meses o años. Por último, es común que los acusados interpongan amparos que demoren todavía más el proceso de investigación.
Un ejemplo «exitoso» es el caso contra Jorge Ignacio Serrano Limón, el cual había gastado, mediante su organización, 25 millones de pesos asignados por el gobierno federal en tiendas departamentales. Debido a los amparos, la PGR tardó más de 10 años en consignar el caso. Aunque el juez ordenó una orden de aprehensión y Serrano Limón fue detenido, pagó una fianza que le permite seguir en libertad.
