PGR buscaba dinero y bienes ilícitos de grupos delictivos en cajas de seguridad privadas de Cancún

En las últimas semanas se dio a conocer que la Secretaria de Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) realizaban un operativo en Cancún, específicamente en la empresa First National Security  que tenía cajas privadas, en las que sus clientes podían guardar lo que quisieran.

Los usuarios aseguran que tanto ellos como los dueños de la empresa han sido víctima de las autoridades, que registraron sus pertenencias sin una orden de cateo.

Sin embargo, la revisión era en realidad una operación, resultado de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que hacía en conjunto con la PGR y que era respaldada por la Secretaría de Marina, luego de que una fuente revelara que en las cajas se guardaban armas y documentos que podían hacerse líquidos con fin de blanqueo de capitales

Esta información coincidía con las confesiones de criminales detenidos en actos delictivos en Cancún.

El 2 de septiembre, las autoridades obtuvieron la primera evidencia de que miembros de la delincuencia organizada tenían bienes resguardados en cajas privadas. Siete días después, el representante legal de la empresa Santiago Ancona se enteró que ya había agentes ministeriales de la SEIDO  revisando las mil 500 cajas de seguridad privadas, sin que le mostraran una orden de cateo, según refirió Ancona.

Entre los clientes que resguardan pertenencias personas en las cajas hay ex directores de periódicos, cónsules honorarios de distintos países, empresarios, hoteleros y sí, también había miembros de la delincuencia organizada.

Sin embargo, las personas afectadas con el cateo se manifestaron hasta el 1y 2 de noviembre. Dijeron que la SIEDO les había mentido y que nos les habían querido explicar las razones del cateo a las cajas. Lo único que les aseguraron era que aquellos que demostraran que tenían papeles y bienes de origen lícito podían recuperarlos en las oficinas de la subprocuraduría de la Ciudad de México.

Las instrucciones fueron precisas pero nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando y por qué habían revisado sus cajas personales. No obstante, los cateos revelaron que había información de mafias cubanas dedicadas a la trata de personas y de miembros de la mafia rusa viviendo en Quintana Roo, además de tarjetas de crédito que permiten robar cajeros automáticos y otros elementos que utilizan en delitos graves.

En los días siguientes encontraron también pasaportes falsos de una misma persona, armas, documentos de personas que fueron víctimas de secuestro y libretas con información de cuentas en paraísos fiscales.

Las personas afectadas plantaron un funeral simbólico la semana pasada afuera del local donde se ubicaba la empresa de cajas de seguridad, en la que denunciaron arbitrariedades legales y violación al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el aseguramiento de bienes.

El abogado defensor de la empresa y de los propietarios, Jorge Abraham Magaña, insistió en culpan a las autoridades del atropello, pero jamás mencionó la Ley Antilavado de Dinero, que regula lo que se guarda en estas cajas de seguridad, que ni siquiera deberían existir porque no están previstas en la legislación.

Cajas privadas ilegales

En 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (LFPIORPI)., cuyo objetivo proteger el sistema financiero y la economía nacional del manejo de recursos de procedencia ilícita. Según esta ley, ninguna persona puede guardar dinero en una  bodega.

De igual manera, la legislación contiene la cláusula Know Your Client es la cláusula (por su nombre en inglés), que exige a las instituciones financieras conocer el nombre real de sus clientes y los bienes que resguarda.

Los bancos decidieron acatar las disposiciones y quienes tenían bienes de procedencia ilegal movieron sus posesiones a empresas ilegales, bodegas o cajas de seguridad que no cumplían con lo establecido por la ley, como First National Security que carece de permiso especial para resguardar y custodia de valores financieros.

Una fuente especializa en el delito de blanqueo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que surgieron 400 bodegas de resguardo luego de que los bancos comenzaron a pedir información real de sus clientes.

De acuerdo con una investigación de la periodista Lydia Cacho, los abogados saben  de esta legislación y saben también que no tienen que permisos para funcionar.

Esta información no se ha transmitido a los usuarios de las cajas, quienes aseguran que desconocían la ley y sus mandatos sobre los bienes. Incluso hubo quienes dicen poseer estas cajas desde hace 20 años y jamás habían renovado contratos, a pesar de que la legislación establece que esto es un requisito.

Los afectados también desconocían que solo los actores financieros y las empresas de resguardo de valores podían almacenar dinero en efectivo y valores líquidos, que incluyen joyas, documentos, obras de arte y otras propiedades con valor superior a 25 mil UDIS.

Estas personas dijeron que nadie les había dado esta información. E incluso señalaron que no hay expedientes completos de cada cliente. La investigación señala que hay cajas a nombre del actor Roberto Gómez Bolaño Chespirito o del secretario particular del ex gobernador Mario Villanueva, y otras tantas con nombres de personajes ficticios.

Dueños pueden recoger sus bienes

Después de insistir, el titular de la SEIDO, Alonso Lira Salas, explicó que el procedimiento efectuado en la empresa fue legal y se grabó todo el operativo, incluyendo la apertura de las cajas.

También dijo que todas las personas afectadas deben acudir a las oficinas de la SEIDO con sus contratos para demostrar qué documentos y bienes tenían guardados. Si estos son de procedencia lícita y no están involucrados en una investigación, serán devueltos a sus propietarios.

El funcionario aseguró que no se investiga a toda la clientela, sino a los propietarios y algunos clientes en particular.

Con información de Newsweek