España ya empezó a arrestar a los exlíderes catalanes
La declaración de independencia de Cataluña estaba llena de amenazas por parte del gobierno español. Una de ellas, quizá la más grave, era la de encarcelar a todas las personas que estuvieron a cargo del proyecto de separación de esta zona sur de la península ibérica.
Ahora, declarada la independencia y activado el artículo 155 que otorga poder a España para controlar el gobierno catalán, se ha ordenado la prisión sin derecho a fianza para al menos ocho de los líderes separatistas de Cataluña. Todos ellos se encuentran detenidos y a la espera de un juicio público.
Entre los delitos por los que se les acusa se encuentran el de rebelión y sedición; además, se les acusa del uso indebido de fondos públicos para organizar un referéndum sobre la independencia el primer día de octubre de este año y que fue la base del movimiento para consolidar la independencia del territorio español.
La cacería de catalanes ha comenzado y el fiscal español busca condenar a todos los involucrados en el anterior gobierno catalán, puntualizando en la detención y captura del líder catalán Carles Puigdemont. Si las acusaciones llegan a una resolución favorable al gobierno español, los catalanes detenidos podrían enfrentar hasta 30 años en prisión.
Se cesa al presidente de la Generalitat, a su gobierno y al director general de los Mossos; se cierran las delegaciones en el extranjero pic.twitter.com/z1OcCMEHvO
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017
Como medida de prevención, Puigdemont y ocho personas cercanas a su gabinete huyeron a Bélgica para evitar la detención inmediata pero, al no solicitar asilo político en este país, algunos de ellos regresaron, por lo que la justicia española puede capturarlos aún en territorio catalán.
El objetivo primordial para el gobierno español es girar una orden de aprehensión cuanto antes en contra de Puigdemont. Este, afirmando ser el aún presidente catalán, ha condenado la persecución de su gabinete proindependentista por parte de las autoridades españolas. Además, el político catalán que aún se encuentra refugiado en Bruselas, ha señalado que recurrieron a este movimiento “para hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española».
Así que se busca detenerlos incluso estando fuera de España. La fiscalía ha solicitado varias órdenes de captura internacionales en contra de Puigdemont y otros cuatro políticos que ocupaban cargos importantes antes de decidir abandonar el país. Todo queda en las manos de la jueza española Carmen Lamela, quien tendrá que decidir si el gobierno irá tras los separatistas en otra nación, lo que les podría atraer una crisis diplomática.
El Gobierno adopta medidas para evitar el secuestro inadmisible a los catalanes y hurto de una parte de su territorio al resto de españoles
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017
El tema acrecienta el escándalo sobre cómo los líderes españoles, tanto Mariano Rajoy como Carles Puigdemont, actuaron con poca estrategia política para beneficiar sus intereses. Lo que bien pudo ser un arreglo mediante el diálogo, se ha convertido en una trama que escala hasta lo global y mantiene a España dividida entre nacionalistas, radicales y separatistas.
Puigdemont ha recalcado que no huye de España por deseo, culpando a la falta de democracia en estos procesos políticos para justificar su partida. «Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata», dijo.
