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ASF demanda que hay $22 millones sin reportar, en el gasto para construir el NAICM

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La Auditoria Superior de la Federación (ASF) realizó el día de hoy la segunda entrega de los Informes Individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. En el reporte, la institución demandó que a la fecha no hay ninguna dependencia, entidad jurídica o del Gobierno Federal, que sostenga un registro de las erogaciones realizadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Subraya que el monto de lo ya erogado asciende a $22 millones de pesos, en el periodo 2011 – 2016. La cifra habría sido alcanzada a través de cuatro fuentes de financiamiento, que se ilustran en la tabla de abajo.

El informe subraya que, la cifra exacta de $22,010 millones de pesos, fue calculada según la información de “once dependencias, dos entidades, dos fideicomisos no paraestatales (80726 y Fondo Nacional de Infraestructura) y dos fideicomisos privados (80460 y 2172)”.

La ASF demanda que los legisladores consideren el diseño, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, de un instrumento que identifique claramente los rubros de gasto correspondientes a las dependencias o entidades que realizan trabajos vinculados con la construcción y puesta en marcha del NAICM.

El informe agrega que existen cinco proyectos no ejecutados en materia de modernización de equipos y sistemas que garantizan la operatividad, seguridad y confiabilidad del espacio aéreo mexicano; estos equipos serían los que apoyan en el control del tránsito y monitoreo de navegación.

Estos cinco habrían formado parte de un grupo mayor, de catorce, destinados a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENAEM); no se realizaron, según la ASF, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del ejercicio fiscal 2016, no autorizó los recursos.

“Esta disminución en la inversión implica un riesgo relacionado con la seguridad y confiabilidad del transporte aéreo mexicano”, subraya la Auditoría.

El reporte, en su calidad de instrumento para la Cámara de Diputados como una herramienta de análisis para determinar la viabilidad de los proyectos de política estatal, emitió también una serie de recomendaciones para la consolidación del PEF 2018.

Para el rubro de Educación Superior, la ASF destaca la necesidad de recordar a las entidades o dependencias que otorgan subsidios a instituciones educativas, que los recursos están sujetos a reglas de operación, mandatadas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria; este establece que los subsidios están sujetos a criterios de equidad y transparencia, pero también a selectividad y temporalidad.

Por eso, la ASF recomienda que el PEF 2018 mandate que la Secretaría de Educación Pública presente un informe a la Cámara de Diputados, sobre el impacto que han tenido los subsidios en educación, y analice sus resultados, en tanto las metas vinculadas a cada programa.

La ASF también destaca como importante, que los subsidios ya aprobados para las Instituciones de Educación Superior no sufran reducciones presupuestarias sorpresivas.

Para Impartición de Justicia, la Auditoría sugiere liberar mayores recursos al Poder Judicial, para que la carrera profesional judicial se vea fortalecida; esto ayudaría a consolidar el nuevo sistema de justicia penal federal de carácter oral, acusatoria y adversarial, que la Secretaría de Gobernación ha querido establecer desde 2016, y cuyo plazo institucional venció el 18 de junio de ese año.

También el PEF deberá de destinar mayores recursos para la Protección Civil, con especial énfasis en los rubros de previsión y prevención del riesgo. Con ello, tanto el Atlas Nacional de Riesgo como los de los diferentes estados de la república, estarían actualizados. De forma enfática, la Auditoría recomienda establecer programas preventivos en los estados, con recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

En materia medio ambiental, la institución sugiere crear dos nuevos programas presupuestarios, uno para el Desarrollo Forestal Sustentable, que estaría a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), y otro para la Conservación del Desarrollo Sostenible, que estaría a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El documento de la institución consta también de 664 informes, de los cuales 624 son de auditorías de cumplimiento financiero, 38 de desempeño y dos estudios.

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