El sistema de justicia mexicano pasa por una muy «grave crisis», revela estudio

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Es bastante claro que México vive uno de sus peores momentos en materia de justicia. Entre falta de coordinación, malas investigaciones, fiscales incapaces, jueces corrompidos y delincuentes que entran y salen de prisión por falta de pruebas, el país registra su peor fase en materia de seguridad jurídica en el sexenio peñista.

Esto lo demuestra una contundente investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). La investigación profunda lleva por nombre Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017, y muestra muchas cosas que ya sabíamos y más.

“El país vive una nueva crisis de seguridad pública, con índices crecientes de homicidios dolosos y buscando encontrar, sin lograrlo, un marco jurídico adecuado que permita lograr que las fuerzas armadas abandonen paulatinamente las críticas labores que realizan en esta materia. A ello se suma la enorme desconfianza que muestran los ciudadanos frente a las autoridades, tal como revelan desde hace varios años en todas las encuestas”, dice el texto, justo al iniciar.

Pero, ¿a qué se debe esta grave crisis en el sistema de justicia nacional? Bueno, el texto profundiza en muchos aspectos pero enfatiza que en México se vive una crisis gracias a que los fiscales no investigan y carecen de autonomía, la profesionalización es inexistente y las condiciones laborales pésimas, las víctimas son ignoradas, las violaciones a derechos humanos son frecuentes; además de que priva el caos organizacional interno, también hay un enorme desorden en las leyes, la burocracia, la demagogia y la corrupción.

Todo esto ya se sabía pero hacía falta un estudio de estas proporciones para realmente mostrar en donde se falla y cómo será posible solucionarlo a largo plazo. Y es que esta investigación fue solicitada por la propia Procuraduría General de la República (PGR) y por el Congreso mexicano, por lo que el resultado generará sin duda un debate sobre cómo solucionar esta crisis a un año de que la presidencia de Enrique Peña culmine.

“Para decirlo pronto, existe una alta probabilidad de que un asunto que llega al sistema de procuración de justicia nunca sea resuelto” señala el informe de resultados, en donde participaron desde servidores públicos, hasta expertos nacionales e internacionales. También se contó con la participación y el testimonio de ciudadanos mexicanos para reforzar los testimonios desde ámbitos fuera de lo legal.

El estudio asegura que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha fallado, ya que “se señalaron las pésimas condiciones laborales que tienen los policías, en particular a nivel municipal y estatal. A ello se suma la falta de formación y la carencia de recursos o de instrumentos que les permitan desarrollar adecuadamente las tareas propias del sistema penal acusatorio”.

Se propone, por ejemplo, que que se analicen las estadísticas y las determinaciones judiciales antes de tomar decisiones sobre posibles reformas. Así, “en el caso de la prisión preventiva en donde existe un debate sobre la necesidad de ampliar los supuestos de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional, los datos revelan que el ministerio público federal ha solicitado la prisión preventiva en únicamente 20% de los casos y ha obtenido la medida en cuestión en más de 7 de cada 10 solicitudes”. Esto ayudaría a hacer más eficiente el proceso, ya que se analizaría a fondo antes de pensar en modificar las acciones.  

El estudio es contundente al señalar que el problema en México no recae en los jueces para liberar a los criminales, se trata más bien de una mala investigación de los fiscales mexicanos. Es aquí en donde se crea la llamada “puerta giratoria”, en donde los detenidos quedan libres a las pocas horas, gracias a la ineficiencia de los procesos acusatorios. Lo que lleva al país a generar cifras tristes como que “el 4.46% de los delitos que se reportan en México terminan en una sentencia condenatoria, o lo que es lo mismo, 4 de cada 100 denuncias lo hacen”.

De acuerdo a datos de marzo y abril de 2016, 65.8% de la población mayor de 18 años considera que los ministerios públicos y procuradurías estatales son corruptos, y 59.6% considera que la PGR también lo es. “Adicionalmente, la grave corrupción que aqueja a las procuradurías en el país profundiza la desconfianza y la percepción de impunidad”, por lo que el cambio tendría que venir desde adentro de las instituciones de justicia y no de una serie de reformas que solamente acomodan las mismas piezas de manera distinta, buscando con eso solucionar el caos interno de la justicia mexicana.

Aún continuarán las detenciones de criminales y sus prontas liberaciones. Las fiscalías son las que más urgen en ser reestructuradas, además de poner especial atención en crear carpetas de investigación que sean sólidas y permitan aplicar la justicia de modo eficiente. Falta mucho para que el sistema de justicia en México se solidifique y se perciba como confiable para la ciudadanía.

Estudios como este son el primer paso para generar un cambio profundo en las instituciones. Basta ver cómo actuará el gobierno mexicano en respuesta a este análisis. A poco tiempo de elegir al nuevo presidente de México, la justicia mexicana continúa totalmente fracturada y en una crisis de credibilidad y funcionamiento.

Si quieres saber más sobre esta investigación, consulta este enlace.


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