Se aprueba en México una ley para castigar severamente el secuestro y la tortura

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La petición original llevaba más de tres años en la mesa. Cientos de madres de desaparecidos, familiares, organizaciones civiles y colectivos exigían al gobierno mexicano crear una ley que castigara duramente los constantes secuestros, desapariciones forzadas y torturas en México. Ahora, por fin, los senadores mexicanos han aprobado la ansiada ley de desaparición forzada.

El nombre final de la ley avalada es el de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Fue aprobada sin votos en contra y con un total de 396 votos a favor.

Casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, secuestros violentos y los miles de casos de desaparecidos resultantes de la violencia entre organizaciones delictivas en México, han servido para dar sustento y valor a una ley que el país exigía prácticamente desde hace más de diez años.

Aunque se presentaron más de 50 artículos bajo reserva de esta ley, al final se declinó su revisión, ya que si alguno de ellos hubiera procedido y llegaba a revisarse, la minuta habría regresado a la Cámara alta y quedado en el cajón legislativo. Por lo que probablemente no hubiera sido aprobada. Fueron los senadores de Morena los encargados de que no hubiera trabas.

Pero para que la ley funcione totalmente aún falta recorrer bastante. Se requieren, según estimaciones de la diputada perredista Cristina Gaytán, al menos 422 millones de pesos que habrían de proponerse dentro del presupuesto de egresos del próximo año. Además, también depende de que el presidente de México, Enrique Peña, publiqué la entrada en vigor de la ley en el diario oficial de la federación.

“Tenemos cifras claras que nos orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días, en la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018”, dijo la diputada.

La ley “establece que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona; no proporcione información sobre la misma, su suerte, destino o paradero”. Esto como referencia directa a las detenciones arbitrarias de la policía mexicana y la falta de información sobre las capturas.

Se establece también que a quien incurra en el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, además de 10 mil a 20 mil días de multa, es decir, hasta 1.6 millones de pesos. “Cuando el responsable sea servidor público, se le destituirá e inhabilitará para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”, señala la ley.

En caso de que los secuestradores liberan a la víctima en un periodo no mayor a diez días, sin generarle daños, las sanciones disminuirán hasta la mitad con esta nueva ley. Para que todo esto entre en funcionamiento, es necesario crear un Sistema nacional de búsqueda de personas, una Comisión nacional de búsqueda, un Consejo ciudadano y el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

Mira toda la información en esta nota de El Universal.