SCJN revisará gasto del gobierno en publicidad oficial
La Suprema Corte de Justicia analizará el gasto público que hace el gobierno federal en publicidad oficial, ya que los medios afines reciben millones de pesos por este concepto, al mismo tiempo que aquellos críticos a la administración no reciben un peso.
“Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, concluyó el proyecto de sentencia elaborado por Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ministro analizó el tema, luego de que la organización Artículo 19 promoviera un amparo por la falta de una ley que regule la publicidad oficial.
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, dicho gasto ya supera los 37 mil millones de pesos y en cada ejercicio presupuestal aumenta el dinero destinado a este rubro, sin que se haya autorizado por la Cámara de Diputados y dejando sin recursos a otros sectores que requieren dinero.
Imagen: Fundar
El Congreso de la Unión ha sido omiso sobre este tema. Además de permitir el incremento de los recursos, ha omitido la creación una ley específica que regule la contratación de la publicidad oficial, tal como lo establece la reforma electoral de 2014.
“Mientras eso ocurre la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”, dijo Artículo 19 en su demanda.
Zaldívar señalo que el no haber creado esta ley viola el derecho constitucional a la libertad de expresión y genera censura, ya que los medios sin recursos no pueden subsistir.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que hay medios que dependen de la publicidad oficial, pues representan hasta la mitad de sus ingresos por este rubro. Al no recibir dichos recursos, el medio puede desaparecer porque no cuenta con los recursos para seguir funcionando.
Esto genera que los medios cambien su línea editorial para alinearse a los intereses del gobierno a cambio de seguir recibiendo el apoyo oficial, lo que viola la libertad de expresión.
“En el caso que nos ocupa, la restricción indirecta a la libertad de expresión trae consigo además un efecto silenciador de los medios de comunicación críticos, en la medida en que a través de la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público”, indica el proyecto de sentencia.
Un análisis de la organización Fundar señala que el aumento en los presupuestos ha sido de hasta 133% en los últimos años. Y los beneficiarios con la contratación de publicidad oficial son 10 empresas, que concentran la mitad de los recursos destinados a este rubro.
Sin embargo, otros medios también se han visto beneficiados con este dinero y su línea editorial es clara en lo que concierne al gobierno federal.
Imagen: Fundar
La revisión del amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia podría transformar la manera en que se ha informado a la población desde los medios de comunicación. Sin embargo, el análisis y la votación se prevén complicados.
El 15 de noviembre, la primera Sala de la Corte debatirá la aprobación o anulación del proyecto de Zaldívar y se requiere que al menos tres de los ministros voten a favor para conceder el amparo a Artículo 19.
Aun con las dificultades que se esperan, podría haber un cambio positivo para obligar al Legislativo a crear la ley que regule la publicidad oficial, en la que se establezcan los topes de gasto, los criterios de contratación, una planificación adecuada y contar con un mecanismo de supervisión externa, como propone Artículo 19.
