El PRI ha dejado sin cabeza a las fiscalías más importantes de México, acusan partidos
Es la primera vez en la historia reciente de México que las principales instituciones para investigar abusos de poder tanto de políticos como de sus partidos se encuentran desamparadas. Los partidos de oposición al PRI, actual fuerza política en el poder, acusan una estrategia política para jugar sucio durante el próximo año electoral.
Y es que a pocos meses de que la elección presidencial más competitiva del país comience, la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene una cabeza sólida. Su anterior director, Raúl Cervantes, decidió renunciar el pasado 16 de octubre ante el escándalo de su partido, el PRI, por querer imponerlo como el fiscal nacional para liderar las posibles investigaciones contra políticos corruptos a la salida del gobierno peñista.
He decidido enviar al Presidente @EPN y al @senadomexicano mi renuncia irrevocable a @PGR_mx. Aquí mis razones: https://t.co/jGR1m73T2x
— Raul Cervantes (@RaulCervantesA) October 16, 2017
E puesto del fiscal general también continúa vacío a menos de 100 días para que termine el año. Este puesto se buscaba rellenar gracias a una designación presidencial sin consulta a los mexicanos o a los legisladores del país. El propio presidente, Enrique Peña, resaltó las aptitudes de Raúl Cervantes, cercano a su gobierno, para conseguir la fiscalía nacional.
“Yo creo en las credenciales que tiene quien era nuestro procurador. Es un gran profesional de derecho, seguramente conocido de muchos y desconocido también de muchos, pero sus credenciales eran muy positivas y buenas. Nadie había puesto en debate siquiera si habría de aprobar un mecanismo para una aprobación inmediata”, dijo a los medios.
La bancada opositora rápidamente se pronunció en contra de lo que llamaron el #FiscalCarnal. Es decir, la designación vía “dedazo” de un amigo del presidente para un cargo tan importante que exige unilateralidad y cero amistad con los personajes en el poder. Ahora, Peña ha asegurado que el clima político electoral no permite la designación de este cargo, por lo que aplazó la elección del fiscal general hasta después de las elecciones del 2018.
El líder del partido conservador en México, Ricardo Anaya, condenó este plan de acción elaborado por el gobierno mexicano y el PRI para quitarle poder a instituciones que pudieran castigarlos en un futuro. Todo se trata de una “estrategia política” para salvarse de acusaciones, investigaciones y persecuciones, además de tener ventaja para la contienda electoral en la que el PRI llega disminuido en popularidad y sin un candidato sólido.
“Lo ocurrido con Santiago Nieto deja al descubierto a un gobierno que abusa del poder para debilitar a sus opositores», dijo el dirigente del PAN. Y es que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) también se encuentra sin cabeza. El propio gobierno mexicano destituyó a su ex director, Santiago Nieto, por investigar a uno de sus allegados, el priísta Emilio Lozoya.
No hay condiciones para mi retorno a #FEPADE, no seré motivo de confrontación politica, soy un hombre de leyes
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 27, 2017
Este es uno de los más claros movimientos del gobierno mexicano para defender a los suyos a pesar de la ilegalidad de las destituciones. El tema también desató un movimiento para evitar el abuso del gobierno de Enrique Peña. Se trata de #PorUnaFiscalíaQueSirva, una unión entre civiles y fuerzas políticas opositoras para abogar por la restitución de Santiago Nieto a su cargo y la continuidad de su investigación contra Lozoya, quien recibió donativos de la corrupta Odebrecht y se profundizaba si usó este dinero en la campaña presidencial del actual presidente de México. El propio Santiago rechazó regresar al puesto.
“Estamos en una crisis de procuración de justicia que jamás se había visto en México. No hay procurador, no hay fiscal general, no hay fiscal anticorrupción y no hay fiscal electoral”, dijo el coordinador de senadores del PRD, Luis Sánchez. Asegurando que es notable la poca o nula preocupación que tiene el gobierno de Enrique Peña por llenar estos puestos en las próximas semanas o meses.